GASODUCTO NORTE. LA NACION DENUNCIA CORRUPCIÓN

Posted on 5 enero, 2007

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BUENOS AIRES, Enero 05, (PUNTO CERO-La Política OnLine) La investigación judicial sobre presuntos pagos ilegales que habría realizado una de las compañías constructoras de la ampliación del Gasoducto del Norte a empresas fantasmas, con la supuesta intención de derivar fondos al pago de coimas, debe llegar al fondo de la cuestión para echar luz sobre un asunto que enloda a las autoridades nacionales involucradas en el manejo de las obras públicas.

La sospecha de que los fondos abonados por una compañía sueca habrían sido utilizados para financiar estructuras políticas o pagarles a funcionarios es un hecho gravísimo que la Justicia deberá dilucidar para transparentar el manejo de los recursos administrados por el Estado. Para ello, el juez que investiga el caso, Javier López Biscayart, recibió un fuerte respaldo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico N° 2, que convalidó su actuación en primera instancia.

La causa fue iniciada en 2005 ante la sospecha de una operación de evasión impositiva millonaria, por la cual está detenido uno de los socios de una empresa considerada fantasma, y luego viró hacia la investigación del pago de presuntas coimas.

Según la Justicia, la compañía sueca Skanska -contratista de la ampliación del Gasoducto del Norte, una de las obras más importantes encaradas por el gobierno de Néstor Kirchner- pagó, por lo menos, 1.256.120 pesos a la firma fantasma Infiniti Group por servicios nunca prestados. En total se habrían realizado pagos por unos 6 millones de pesos a por lo menos seis empresas creadas para fabricar facturas, de acuerdo con las investigaciones que trascendieron.

A raíz de esa operación, el grupo constructor sueco, uno de los más grandes del mundo, despidió a siete gerentes, al tiempo que su director ejecutivo para América latina presentó su renuncia, además de reconocer ante la Justicia haber realizado pagos ilegítimos. Por esa razón la citada empresa abonó unos 13 millones de pesos en concepto de impuestos y multas.

Los pagos se produjeron en el contexto de la ampliación del gasoducto, específicamente en la obra de la planta impulsora ubicada en la localidad cordobesa de Deán Funes, según lo admitido por la firma sueca durante la investigación judicial y lo revelado semanas atrás por el semanario Perfil .

De confirmarse las sospechas de los investigadores, se estaría ante un caso similar al escándalo de coimas y sobreprecios en la contratación de un sistema informático para el Banco Nación durante la década del 90, conocido como el caso IBM-Banco Nación.

Las obras de ampliación del gasoducto se hicieron bajo la órbita de la Secretaría de Obras Públicas y la supervisión del Ente Nacional de Regulación del Gas (Enargas), dependientes del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

Este episodio, por otra parte, desnuda de manera grave la ausencia de independencia de los organismos de control, como el Enargas en este caso, que limitan su capacidad de fiscalización y permiten que se eleven sospechas respecto de su actuación y eficiencia. Da la impresión de que terminan actuando de acuerdo con las necesidades políticas del Poder Ejecutivo antes que por criterios técnicos.

En efecto, la normalización y la mejora en la calidad institucional de los organismos de control es una asignatura pendiente del gobierno de Kirchner, que no llamó a concurso profesional para cubrir los cargos y optó por el camino de la política. En tal sentido, no puede obviarse que una de las principales autoridades de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) es la propia esposa del ministro De Vido.

La ausencia de una mirada profesional e independiente en los organismos de control permite la aparición de brechas en la estructura estatal por donde se puedan filtrar ciertas irregularidades. Los entes reguladores deben asegurar a los usuarios el suministro de buenos servicios y garantizar también el cumplimiento de los contratos, además de la transparencia en las inversiones.

La sospecha sobre probables desvíos de fondos con fines ilegales representa un golpe a la credibilidad y confianza de la población y de cualquier potencial inversor, además de erosionar la seguridad jurídica de nuestro país. La administración de los fondos públicos tiene que hacerse con la máxima pulcritud, para garantizar a los contribuyentes el buen uso de sus recursos.

La corrupción, uno de los males que carcomen la confianza depositada por el pueblo en sus representantes, tiene que ser combatida con toda la energía posible con el fin de lograr su erradicación. Por eso es fundamental que la investigación judicial sobre presuntos pagos ilegales en el marco de la construcción del Gasoducto del Norte avance hasta su total esclarecimiento. (PUNTO CERO-La Política OnLine).

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